Con estadísticas en mano, representantes de las entidades encargadas de realizar un seguimiento a la normativa que regula a jóvenes entre los 14 y 16 años, se estudió el panorama que sobre el tema se vivencia en el territorio regional.
Manuel Enrique López Betancur, asesor en derechos de Infancia y Adolescencia en Medellín, aseguró que el evento congrega diferentes instituciones públicas y privadas encargadas de garantizar un manejo adecuado de la legislación.“El Estado debe dar una respuesta que está consagrada en nuestras normas. Por compromisos éticos la sociedad y el Gobierno tienen la obligación de tratar de educar a ese muchacho y tratar de formarlo”.
“Como es un sistema nuevo que se encuentra en proceso de implementación, en la práctica ha venido demostrando situaciones que es necesario subsanar, por ejemplo una mayor infraestructura para acoger a los muchachos que tienen que llegar a algún tipo de reclusión y la necesidad de aplicar un rango de sanciones más amplio no que sean solamente la privación de la libertad”.
La norma
En Colombia todos los mayores de 14 años deben ceñirse a la reglamentación nacional, “el adolescente que cometa alguna acción en contra de la ley penal, debe ser responsable ante la ley penal, es claro que los adolescentes y jóvenes tienen responsabilidades”.
Según el asesor en derechos de infancia y adolescencia, el sistema penal para adolescentes se originó a partir de la aprobación de la ley en el 2006, “el proceso de implementación es gradual en diferentes distritos judiciales. En todo el territorio nacional sólo se está aplicando a partir del 2009”.
Depende de la gravedad y circunstancia del delito se pueden aplicar sanciones desde la privatización de la libertad, donde se puede recluir a un menor hasta por 8 años y “existen internamientos de fin de semana, libertades asistidas y los trabajos comunitarios”.
Panorama
López Betancur informó que en algunas regiones se hacen trabajos de seguimiento a los muchachos, “la idea es trabajar para consolidar la medida, ceñida a la normativa de la ONU y fortalecer el trabajo con las familias y garantizar un acompañamiento posterior al cumplimiento de la sanción”.
“Los indicadores dicen en Colombia se mantiene el índice de criminalidad de menores, la policía informó que la incidencia no alcanza a ser del 8 % y los delitos son muy relacionados al hurto y drogadicción”.
El asesor enfatizó en que la sanción se constituye en un elemento esencial del sistema para que cumpla su función resocializadora.
María Nidia Henao Castaño, directora encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Risaralda, anunció que “el proceso de verificación de derechos muestra unas dinámicas familiares disfuncionales e incompletas que manejan dificultades a nivel de sus roles y de comunicación en sus normas lo cual incide en los jóvenes”, señaló la funcionaria.
Líderes
La Universidad Libre ha encabezado el proyecto desde el año 2008. “La academia es viva en la medida en que se vincule con la sociedad. Esta es la manera de nosotros hacer un uso social de nuestro conocimientos. La universidad invirtió recursos para la investigación que estamos realizando”, expresó Gloria María Atehortúa Rada, rectora de la Universidad.
La rectora agregó que se ha avanzado en cuanto a los indicadores que son fundamentales para la toma de decisiones en el sistema y para hacer un diagnóstico situacional para el servicio de los operadores”, puntualizó la rectora.
