Un total de 15 licencias de conducción se han suspendido y cancelado en lo que va corrido del año a transportadores piratas, según lo reportó el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira.
Según la institución, las sanciones han incrementado en un 51,8 % la cantidad de conductores sancionados pasaron de 191 en el 2011 a 290 en el año 2012, lo mismo ocurre con los vehículos retenidos, pasaron de 157 en el 2011 a 269 en el 2012 para un incremento del 71,3 %.
"Las cifras demuestran que el trabajo se está realizando a conciencia, lo que no puede el Instituto Municipal de Tránsito es vulnerar el debido proceso de sanción a las personas que ejercen este tipo modalidad ilegal", comunicó la entidad luego de que el gremio de los transportadores exigiera un compromiso serio por parte de las autoridades para erradicar el transporte pirata que ha afectado el número de viajes y usuarios en el sistema colectivo y masivo.
Tránsito agregó que se está trabajando en concientizar a la ciudadanía de la no utilización de este transporte ilegal, ya que en caso de accidente las compañías de seguros no lo cubren.
Balance positivo
"El balance presentado es positivo ya que además el fenómeno del mototaxismo que viven otras ciudades del país está controlado por las autoridades en el Municipio de Pereira", anotó la autoridad.
Las autoridades locales informaron que las zonas críticas de la ciudad donde prolifera el transporte informal son: Remanso, calle 13 entre carreras 5a. y 8a, Villaverde, Samaria, Calle 29 entre 7a. y 8a, Supermercado La 29, calle 26 entre 8a. y 9a, Sena, carrera 12 entre 17 y 18 Ciudad Victoria
-Turín, Cuba calle 71 a 72 y carrera 23 a 25, Calle 21 con carrera 17, antiguo DAS, Mercasa, Universidad Tecnológica de Pereira.
Los voceros de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano del Área Metropolitana Centro Occidente, Asemtur, manifestaron su preocupación ante la problemática con respecto a la implementación del sistema Integrado de Transporte, dada la pérdida agresiva que se vive hoy en la demanda del transporte.
“No solo el Estado tendrá que hacer grandes inversiones, también los operadores, en equipos, infraestructura, tecnología y demás elementos que sean exigidos para garantizar el buen funcionamiento y darle así cumplimiento a los contratos, que de continuar como vamos auguramos que no serán viables ni sostenibles”, expresó la asociación.
