
Según dio a conocer el Contralor Óscar Javier Vasco Gil, los robos continuados identificados oscilan entre $ 300 y 500 millones en casos individuales, en donde el recaudo de los servicios se recibe en efectivo. Los hallazgos grandes se registraron en la Alcaldía de Quinchía, en las empresas de servicios públicos de Balboa y de la Virginia y en la Alcaldía de Belén de Umbría y en el hospital de este mismo municipio. Vasco Gil dijo que ya emitieron los juicios fiscales y remitieron copia a la Procuraduría y Fiscalía para que se continué el juicio penal. Estos robos se han dado por espacio de 3 y 4 años.
El Contralor departamental explicó que frente al control a la gestión de ingresos, se ha detectado que muchos de los detrimentos patrimoniales no se generan durante la ejecución del recurso, sino en la gestión del ingreso , ya que los recursos se pierden antes de ingresar al presupuesto de los municipios o empresas públicas y por eso es aún más difícil el control e identificación del robo porque además se emplean modalidades diversas.
Recursos públicos utilizados en tarjetas de crédito personales
El Contralor Óscar Javier Vasco dijo que durante las auditorias realizadas, se pudo comprobar que se ha utilizado como modalidad también los medios electrónicos, en donde a través de las plataformas empleadas para los pagos, funcionarios han creado proveedores para efectos de pagos por transferencia, pero cuando se verifica la cuenta de dichos proveedores, se dieron cuenta que no existían, sino que correspondían a un funcionario de la misma entidad.
Estos caso se ha dado en materia de insumos de medicamentos y otros servicios en el hospital de Belén y en Balboa. Además algunos de estos recursos públicos fueron utilizados para el pago de las tarjetas de crédito de dichos funcionarios.
Contraloría se apretó el cinturón
El plan estratégico de la Contraloría General de Risaralda contiene cinco componentes que le han permitido mejorar la cobertura, la calidad en los procesos de auditoria y efectividad de los procesos de vigilancia del control fiscal.
Óscar Javier Vasco, dijo que se adelantó un estudio de reorganización administrativa con un modelo basado en procesos, con el cual se busca evitar una reestructuración, pero frente a la difícil situación presupuestal de la entidad, adoptaron medidas de austeridad en el gasto, con el único fin de garantizar la permanencia total de la planta de personal, por eso se redujeron los viáticos, se garantizó la optimización de vehículos por rutas para reducir los gastos en combustible, se dieron de baja 4 vehículos que estaban en mal estado y desde hace más de cinco años no se usaban, pero si se les estaba pagando impuestos y seguros y se cancelaron las lineas a celulares.
En materia de calidad del control social y participación ciudadana y apoyo a la administración pública, la Contraloría departamental brindó acompañamiento a la Asamblea y concejos municipales, se realizaron rendiciones de cuentas descentralizadas en 12 municipios, capacitaciones a funcionarios y se desarrolló un diplomado con 40 personas como veedores en control social, con énfasis en PAE, para crear este año la red institucional de veedurías PAE en todas las instituciones educativas del departamento.
El Contralor anunció que este año van a iniciar un proceso de remate de inmuebles y esperan continuar con el plan de garantías por embargo, ya que la meta es que el 100 % de los procesos donde los involucrados en investigaciones que puedan culminar con fallos de responsabilidad fiscal, se puedan embargar sus bienes desde el inicio de las auditorias, ya que ha sido exitoso que cuando se notifica a losfuncionarios, éstos ya tienen embargados sus propiedades.
En materia de recuperación de recursos en el 2015, se cerró la vigencia con unarecuperación de $ 148 mil millones, en el ejercicio directo de las auditorias del control fiscal. También destacó que la mayoría de afectaciones al presupuesto público, no siempre se generan por dolo, sino por desconocimiento, por eso este año se va a trabajar en brindar asesoria frente al flujo de recursos y políticas para una óptima gestión en el cobro de servicios de salud para los hospitales públicos de Risaralda.