Juan M. Toro M.
El Diario del Otún
En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que fija un nuevo régimen rentístico de licores destilados y a su vez modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares.
Por eso los gobernadores y gerentes de las licoreras trabajan en varias preposiciones para proteger el monopolio, cuyos recursos del impuesto al consumo se invierten en la salud y educación de los departamentos. Según el subdirector ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND) Lácides Robles, están en juego las rentas territoriales.
“Son los departamentos los que cuentan con un mayor ingreso vía recauda del impuesto al consumo, los cuales se verían comprometidos seriamente con la implementación del proyecto de ley. Estamos ejerciendo una acción unificada entre los departamentos, para hacer nuestras propuestas”, señaló.
Según Robles, el papel de la federación es unificar a los departamentos en una sola posición, algo que no es fácil, ya que cada uno tiene posiciones muy diferente respecto al asunto. “Nosotros cumplimos esa labor de articulación y defensa de los derechos de los departamentos frente al Gobierno nacional”, sostuvo.
Al respecto, Iván Correa Calderón, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), aseguró que se ratifican en la defensa del monopolio por parte de la federación de departamentos y la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras Privadas (ACIL).
“Estuvimos de acuerdo todas las licoreras del país , respaldadas por los gobernadores y por ACIL, en que hay que defender desde el punto de vista constitucional el monopolio ante el proyecto de ley que se avecina”, señaló.
El próximo martes en Medellín la comisión de licores defenderá su posición unificada durante el foro citado por el Ministerio de Comercio Exterior y el 15 de febrero continúa la discusión en el Congreso de la República del proyecto de ley.
Contexto
A inicios de este año se puso en entredicho el monopolio de licores dada la exigencia de la Unión Europea para que Colombia modifique esa política en aras de dar cumplimiento al acuerdo comercial que firmaron en el 2012 de libertad de comercialización de bebidas.
Hay que recordar que las bebidas con menos de 35 grados de alcohol pagan en impuestos $ 297 por cada unidad de 750 centímetros cúbicos. Para aquellas botellas con más de 35 grados alcoholimétricos la tarifa a pagar es $ 487 por cada 750 centímetros cúbicos.
Luz Miriam Díaz Cardona, directora de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda de Risaralda, manifestó en su momento que un cambio en el régimen perjudicaría más los departamentos que poseen industria y que Risaralda al ser comercializador se beneficiaría. Agregó que podría existir un valor referencial que incrementaría los ingresos de los territorios.
