Pese a la insistencia del Concejo de Pereira ante el ejecutivo municipal, en torno a urgente necesidad de presentar el proyecto de acuerdo, la capital risaraldense continúa a la espera de la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por parte del alcalde Enrique Vásquez.
Se mantiene un POT que incluye en su actual programa de ejecución proyectos obsoletos y que ya no se ejecutaron ni van a ejecutarse en materia ambiental, de servicios públicos y de infraestructura, entre otros.
Existe un POT desactualizado con respecto del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y de lo Genera incertidumbre y expectativa en un sector tan importante como el de la construcción, que se debate entre la contracción o la ampliación de las zonas de expansión, la permanencia o la desaparición de la zona suburbana y la reclasificación de los tipos de suelo.
Favorece la especulación sobre grandes extensiones rurales que pretenden cambios en el uso del suelo para la realización de proyectos futuros.
Permite el encarecimiento del suelo urbanizable alejando más la posibilidad de desarrollar vivienda de interés prioritario (VIP) para satisfacer la demanda de aproximadamente 12.000 soluciones (entre el pobre histórico -7.000- y las viviendas en zonas de riesgo no mitigable -5.000-).
Aplaza la revisión del modelo económico del municipio que actualmente le apunta a la tercerización de la economía, dejando como saldo la pérdida de 3 puntos de participación en el PIB del sector agrícola en los últimos 12 años, una crisis aguda en el sector industrial, un 21,9% de pobreza simple, un 3% de pobreza extrema y un 15.7% de desempleo.
De esa manera, el concejal Reinales le solicitó al alcalde no dilatar más la presentación del POT ante el Concejo Municipal para darle un amplio y concertado debate con las comunidades y proceder a su inmediata y necesaria adopción.
Uso de suelo
Para el concejal Reinales, es motivo de preocupación la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta que ello retrasa la actualización de los usos del suelo con el actual Modelo de Ocupación Territorial (MOT), desconociendo unas realidades económicas de hecho, que hay que aceptar e incorporar.
Posterga la revisión del estatuto de suelos y de los planes de regularización tan necesarios para usos ya consolidados.
Demora la aplicación de criterios ambientales como la ampliación de la frontera agrícola, la protección de los suelos altamente productivos, la microzonificación sísmica, la gestión integral del riesgo, la gestión integral del recurso hídrico, la gestión integral de residuos sólidos, la calidad del aire y los determinantes en materia de explotación minera.
Prorroga el abordaje de problemáticas de planificación comunes con los municipios de Santa Rosa, Dosquebradas y La Virginia en materia de movilidad, plataforma natural, recurso hídrico y el sector de agua potable, manejo de vertimientos y saneamiento básico, riesgo asociado a eventos sísmicos y áreas naturales protegidas, entre otros.
