Hace pocos días se conoció la noticia sobre un oficio enviado por el ingeniero Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, denunciando la presunta adjudicación indebida de contratos por parte de la administración municipal aprovechándose de la figura de Urgencia Manifiesta.
Según Crosthwaite Ferro, la Urgencia Manifiesta solo se presentó en la vía Pereira-La Florida, 300 metros arriba de la bocatoma San José, cuando esta colapsó por una falla en la banca el pasado 7 de octubre del año 2012, este era el único lugar donde el Alcalde podía otorgar un contrato sin necesidad de licitación pública, sin embargo Crosthwaite manifiesta que la administración municipal se aprovechó de esta situación para adjudicar "a dedo" 4 contratos más mediante esta figura, cuando la ley le exigía hacerlo mediante licitación por no presentarse una Urgencia Manifiesta en los otros sitios.
Estos son los algunos de los detalles de la misiva de 4 páginas enviada por Crosthwaite al Fiscal Montealegre.
“Que los días 8, 9 y 10 Octubre de 2011, producto de las intensas precipitaciones e incremento del caudal del Río Otún, se produjo la pérdida total de banca de la vía que comunica la Vereda San José con la cabecera del Corregimiento La Florida, a la altura de La Bocatoma municipal, 300 m arriba de ésta, y que potencialmente, producto del mismo evento, el muro existente amenaza con colapsar e incrementar la problemática de la zona.
Que 300 m aguas abajo del sector afectado se localiza la Bocatoma del Municipio de Pereira, y que ante la dinámica torrencial del Río Otún y la multiplicidad de fenómenos de remoción en masa diagnosticados en la zona que están aportando materiales al drenaje y que eventualmente podrían represarlo, ésta podría ser afectada con las consecuencias directas para cerca de 450.000 habitantes que se abastecen en el Municipio de Pereira.
Se procedió urgencia manifiesta al adjudicar los siguientes contratos: Contrato No. 2403 a Álvaro D. Giraldo C. Por $149.896.849 Sector San José; contrato No. 2414 a Nelson Moreno por $149.937.381 sector Pimpollo; Contrato No. 2416 a César A. Gómez G. por $299.073.000 sector Peñas Blancas; Contrato No. 2420 a GTS Construcciones A.S. Por $299.750.663 sector arriba antigua Bocatoma San José (Sitio del colapso de la vía), y Contrato No. 2457 a Heberth Quintero por $149.929.958 sector Barrio Altos del Otún. Estos contratos fueron suscritos a mediados del mes de noviembre de 2011".
Según Crosthwaite cuando la vía ya estaba en funcionamiento el 30 de enero de 2012 le fueron adjudicados indebidamente más recursos a los mismos contratos.
El siguiente es el texto completo del oficio enviado por el ingeniero Crosthwaite al Fiscal general de la Nación Eduardo Montegre.
Pereira, octubre 15 de 2012
Señor Doctor
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá
Respetuoso saludo:
En la sección ENTREVISTA de pasada edición dominical de EL ESPECTADOR, a la pregunta que le hiciera la periodista Cecilia Orozco Tascón, acerca de las razones por las que no avanzan las investigaciones de las operaciones de los NULE a nivel nacional, usted manifestó: “No me gusta que todo nuestro esfuerzo se haya estado concentrando en Bogotá cuando hay indicios fuertes de que el carrusel de contrataciones fue un fenómeno nacional. Por eso fortalecí el equipo de fiscales y de miembros del CTI que deben asumir una investigación integral, tanto en Bogotá como en el resto del territorio nacional.”
Esta valiosa apreciación de su despacho me motiva para escribirle esta misiva en procura de que en Risaralda, y en especial en Pereira, se investiguen por parte de fiscales y miembros del CTI no vinculados con esta región un sinnúmero de hechos de corrupción, los cuales están hoy en la total impunidad como consecuencia de la perversa alianza existente entre los funcionarios de los organismos de control (Procuraduría, Fiscalía y Contralorías) y la clase política local.
Desde hace ya muchos años en compañía de importantes columnistas y algunos dirigentes políticos independientes, hemos venido denunciando graves casos de corrupción sin que a la fecha se produzca un fallo que merezca credibilidad y confianza, y la mayoría se perdieron en las estanterías de los despachos judiciales, generando un sensación de incredulidad sobre el rol de la justicia penal en este momento tan crucial para nuestra vida institucional.
Casos como el de la capitalización de la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S. A. E. S. P.; la adquisición de un predio por parte de la PROMOTORA DE VIVIENDA por un escandaloso mayor valor, en el primer gobierno del hoy gobernador CARLOS A. BOTERO, que en forma por demás inexplicable no tiene ningún avance; la situación del gasto y contratación en la empresa AGUAS Y AGUAS; los sobrecostos por más de 4.000 millones de pesos en un contrato para construir un tramo del anillo longitudinal con la firma AGREMEZCLAS; la desaparición de 16.000 millones de pesos de un crédito de intermediación financiera de INFIPEREIRA con el MUNICIPIO DE CARTAGO y el enriquecimiento sin justa causa de muchos servidores públicos, son entre otros, casos notorios de corrupción sin investigación y en la completa impunidad. No se trata de denuncias abstractas sobre corrupción hechas por anónimos, sino que son las personas de esta comarca que ven con desazón cómo pasa el tiempo y la justicia penal no actúa, mientras delitos donde los autores y partícipes son sorprendidos en flagrancia acaparan toda la atención –sin querer decir con ello que no sea importante investigarlos- pero que desplazan las investigaciones sobre aspectos de indudable importancia en la vida institucional.
Pero como todos los días se conocen nuevos casos de corrupción me permito poner en conocimiento de la FISCALÍA el siguiente:
El pasado 13 de octubre de 2011 la ALCALDÍA DE PEREIRA promulgó el Decreto No 920 por medio del cual se declaró la urgencia manifiesta en este municipio, entre otras consideraciones por las siguientes:
“Que los días 8, 9 y 10 Octubre de 2011, producto de las intensas precipitaciones e incremento del caudal del Río Otún, se produjo la pérdida total de banca de la vía que comunica la Vereda San José con la cabecera del Corregimiento La Florida, a la altura de La Bocatoma municipal, 300 m arriba de ésta, y que potencialmente, producto del mismo evento, el muro existente amenaza con colapsar e incrementar la problemática de la zona.
Que 300 m aguas abajo del sector afectado se localiza la Bocatoma del Municipio de Pereira, y que ante la dinámica torrencial del Río Otún y la multiplicidad de fenómenos de remoción en masa diagnosticados en la zona que están aportando materiales al drenaje y que eventualmente podrían represarlo, ésta podría ser afectada con las consecuencias directas para cerca de 450.000 habitantes que se abastecen en el Municipio de Pereira.
Que las altas precipitaciones sucedidas en los últimos días, y las acumuladas en meses anteriores, están generando un escenario de riesgo bastante complejo en la zona, manifestándose éste con el diagnóstico de aproximadamente 5 procesos erosivos que en la actualidad comprometen la seguridad y bienestar de bienes e infraestructura de la zona. Los procesos erosivos se generaron en el sector de Pimpollo, Colpapel, dos más ubicados a 800 metros del Centro Poblado del Corregimiento de La Florida y el más crítico localizado 300 m arriba del sector de la Bocatoma municipal.”
Los anteriores hechos, según conocemos todos los pereiranos, son secuela del abandono que por muchos años ha hecho el municipio de esta importante vía, y muchas otras, y que no mereció hasta ese momento de unas acciones que mitigaran y evitarán su colapso y por consiguiente la situación de crisis de los habitantes del sector y del acueducto local, y evitar que esos eventos erosivos comprometieran la continuidad del servicio por esta vía.
Causa especial inquietud que en los Considerandos del decreto se diga lo siguiente: “Que en el Informe Técnico de Emergencia del 8 de Octubre de 2011, suscrito por el Geólogo de la Dirección Operativa para la Prevención y la Atención de Desastres, DOPAD, Alejandro Álzate Buitrago y con visto bueno del director operativo de la DOPAD, Jairo Leandro Jaramillo Rivera se recomendó la recuperación y estabilización general de la zona; además de la pronta solución a la problemática de movilidad de los habitantes de la zona mediante las acciones y obras necesarias para garantizar la corrección y mitigación del fenómeno erosivo.” (Subrayado nuestro). O sea que de lo puntual se saltó a lo general, eludiendo la convocatoria de licitaciones públicas, para ejecutar obras remediales en donde no se presentó discontinuidad del servicio.
Se procedió con esta urgencia manifiesta adjudicar los siguientes contratos: Contrato No 2403 a Álvaro D. Giraldo C. por $149.896.849 Sector San José; contrato No 2414 a Nelson Moreno por $149.937.381 sector PIMPOLLO; Contrato No 2416 a César A. Gómez G. por $299.073.000 sector PEÑAS BLANCAS; Contrato No 2420 a GTS CONSTRUCCIONES S. A. S. por $299.750.663 sector arriba antigua Bocatoma San José (Sitio del colapso de la vía), y Contrato No 2457 a Heberth Quintero por $149.929.958 sector Barrio Altos del Otún. Estos contratos fueron suscritos a mediados del mes de noviembre de 2011.
El día 20 de noviembre, una vez terminadas las obras de intervención en el sector, 300 metros aguas arriba de la antigua Bocatoma de San José, se abrió la vía hacia el corregimiento de La Florida y hacia otros importantes sitios de este sector de la ciudad y de los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal a los cuales se accede por esta vía, con lo cual se subsanó la calamidad pública.
No obstante a finales del mes de enero de 2012 la nueva administración municipal, en cabeza del Alcalde ENRIQUE A VASQUEZ Z., adicionó todos los anteriores contratos en los siguientes valores: Contrato No 2403 de Álvaro D. Giraldo C. en $230.869,204 (154%); Contrato No 2414 de Nelson Moreno en $260.092.582 (173%); Contrato No 2416 de Cesar A. Gómez G. en $897.878.323 (300%); Contrato No 2420 de GTS CONSTRUCCIONES S. A. S. en $1.132.807.576 (377%), y al Contrato No 2457 de Heberth Quintero en $272.421.488 (181%).
De la lectura de los objetos de los contratos suscritos en uso de la urgencia manifiesta y de la situación que se presentó como consecuencia de los eventos lluviosos, queda en claro que la alcaldía ordenó ejecución de obras en sitios, que aunque requerían de tiempo atrás la construcción de obras de ingeniería, donde no se presentó interrupción alguna de la continuidad del servicio, pues esta se presentó exclusivamente en el sector a “300 metros arriba de la antigua bocatoma”, sector adjudicado a la firma GTS CONSTRUCCIONES S.A.S.
El artículo 42 del ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN establece que se aplica la figura de URGENCIA MANIFIESTA cuando la continuidad del servicio demande la ejecución de obras en el inmediato futuro que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso público. No podía alegarse por parte de la administración que podía prescindir de la aplicación de esta norma, y en especial de los principios de la contratación estatal establecidos en el artículo 209 de la C. P., para contratar obras en los tramos donde la continuidad del servicio no se había suspendido, y no obstante que requerían intervención, éstas debían ser objeto de procesos licitatorios, más aún cuando no existían estudios pertinentes, pues mediante el Contrato No. 2439 de 2011 se le encomendó a la firma CONSULTEC los estudios y diseños para las obras de “protección para estabilización vía que conduce al corregimiento de la Florida a la altura de Peñas Blancas, a 300 mt aguas arriba de la antigua bocatoma, a la altura de San José, a la altura del barrio Altos del Otún y a la altura de Pimpollo.”
Podemos los pereiranos afirmar con sobrados argumentos que en nuestro departamento existe un bien montado CARTEL DE LA CONTRATACIÓN que no necesita de un carrusel, sino que por el contrario utilizando los mecanismos excepcionales del Estatuto General de la Contratación (Convenios Interadministrativos, Contratos de Empresas de Servicios Públicos y Urgencias Manifiestas) se apoderaron de la contratación y por consiguiente de miles de millones de pesos que pasan a enriquecer a ciertos servidores públicos y a sus jefes políticos. Es inadmisible que un instrumento jurídico excepcional como la urgencia manifiesta sea utilizado en forma amplia y con una interpretación laxa, para evadir procesos de selección objetiva, cuestión esta para cuya verificación no se exigen profundos razonamientos jurídicos ni investigaciones imposibles de efectuar en un plazo razonable, como lo demanda la sociedad.
Respetuosamente solicito a usted se sirva ordenar a quien corresponda la designación de un grupo especial de fiscales y de miembros del CTI, de fuera de la región, ante los cuales podamos con tranquilidad y seguridad entablar y sustentar estas denuncias y se proceda de inmediato a iniciar y poner en conocimiento de jueces especializados éstas y otras denuncias ya presentadas, con el único y exclusivo fin de poner freno a esta ola de corrupción e impunidad.
