Tras la petición de un preacuerdo entre los respectivos entes de control y los imputados por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir y lavado de activos, un juez estudia la posibilidad de otorgar rebajas en la pena de los siete presuntos inetegrantes de la banda delincuencial quienes de manera voluntaria aceptaron los cargos.
Investigación
De acuerdo a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, Ana Mercedes López Morales, Martha Liliana López Morales, Laura Marcela López Morales, María Gladys Bedoya Bermúdez, Carolina Londoño Bedoya, Yuli Andrea Solarte García y David Esteban Gallego se dedicaban a reclutar mujeres atractivas procedentes de municipios de Risaralda, Caldas y Quindío, con el fin de explotarlas sexualmente en la ciudad de Colón (Panamá), llegando a sumar un total de 16 víctimas.
Las mujeres eran sometidas a ejercer la prostitución en bares, hoteles del país ya mencionado, bajo el argumento de que estas con su trabajo estaban pagando los gastos de pasajes, alojamiento, alimentación y traslado.
Argumentos
La defensa de las siete personas investigadas argumentaron que tras la aceptación de cargos la indemnización de algunas víctimas y la entrega de parte de los dineros producto de la actividad delictiva, podian acceder a la respectivas rebajas en las penas y así empezar a purgar las mismas.
