El barrio Nuevo Milenio se conformó desde hace cuatro años, allí llegaron personas de la Red Unidos, desplazados y reubicados del municipio de La Virginia.
Inconformes se encuentran algunos propietarios del barrio Nuevo Milenio, quienes alegan que les están cobrando costos de administración, los cuales se niegan a pagar argumentando no tener la obligación de hacerlo ya que estas son Viviendas de Interés Prioritario otorgadas por el Gobierno nacional a través del programa 100.000 viviendas gratuitas.
Por su parte los administradores deben correr con la responsabilidad de atender el bienestar de sus inmuebles y que las zonas comunes estén en buenas condiciones, así como también deben soportar los reclamos de las personas que no pagan y exigen que las instalaciones y las zonas verdes estén en condiciones óptimas.
No quieren pagar
Martha Cecilia Marín Henao es la administradora de una de las torres del barrio Nuevo Milenio, quien resalta la importancia de realizar los pagos de la administración, la cual tiene un costo de $10.000 mensuales por cada apartamento, ya que esto incrementa el valor del inmueble y genera un buen ambiente entre los copropietarios.
“Por ejemplo en esta torre se ha pintado, se ha hecho el encielado, se han organizados las escalas y los pasillos hasta el quinto piso y las escalas de la entrada. Sin embargo hay muchas personas que no pagan el predial, que no pagan la administración. De ese dinero se debe pagar la energía de áreas comunes, arreglar daños, limpieza de canales y alcantarillado, pero mucha gente no tiene con qué pagar y otros es que no quieren hacerlo”, comentó la mujer.
De igual forma la administradora de la torre 8, Laura Tapasco, afirmó que desde hace seis meses no se realiza limpieza a las canales y son constantes los reclamos de las personas del edificio por la falta de mantenimiento. “Esta torre choca mucho con los líderes, antes la administración estaba en $5000 y no pagaban y ahora que subieron a $10.000 pues menos lo van a hacer”.
El IDM
Ante esta problemática el director del Instituto de Desarrollo Municipal, Juan David Villa, aclaró cuál es la responsabilidad de los copropietarios desde el momento en que fueron entregados los apartamentos, señalando que las personas que fueron beneficiadas con este subsidios de vivienda tienen obligaciones y requerimientos institucionales como son el pago de servicios públicos, Impuesto Predial, obligaciones de mantenimiento de las zonas verdes y de las fachadas, los cuales se derivan de los gastos de administración, de igual forma no podrá ser arrendado, ni pueden vender la vivienda.
“Debido a que son torres de cinco pisos cada una con 23 apartamentos se deben constituir como propiedades, deben elegir su junta administradora y como tal establecer unos cánones para los pagos de administración para mantenimiento de la torre, limpieza y si es necesario seguridad. Es importante tener presente que por el hecho de ser Viviendas de Interés Prioritario creen que no deben asumir estos costos, pero sí deben hacerlo”, aclaró Villa.
Revocatoria subsidio
Por otra parte el funcionario también expresó que si el propietario del inmueble insiste en no cancelar las obligaciones, se puede dar una cancelación del subsidio, la cual no la realiza directamente el IDM.
“Nosotros desde la entidad hacemos seguimiento y acompañamiento a los administradores de cada torre y a los integrantes de la junta de acción comunal, también estamos en el deber de pasar un informe con las personas que no están cumpliendo con estos requerimientos institucionales, el cual se envía a Bogotá y desde allí se da la revocatoria del subsidio a través del Ministerio de Vivienda y Fonvivienda”, explicó el director.
Desde el año pasado el Ministerio de Vivienda inició el proceso de revocatorias, asignando un líder por zonas.
En marcha
El Eje Cafetero ya tiene un líder encargado y al día de hoy en Risaralda los proyectos que se encuentran en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa, iniciaron los procesos respectivos; se buscó la causal y se les notificó a las personas a través de las cajas de compensación familiar y hasta ahora hay más de 40 revocatorias del Municipio Industrial en procedimiento.
Es de aclarar que el control de verificación sobre la ejecución de los dineros entregados a los administradores la deben hacer los propietarios, quienes eligieron a dichos representantes.
