El Diario del Otún
Los constructores de nuevas viviendas y oficinas deberán cumplir con obligaciones técnicas que permitirán a los usuarios escoger libremente a su operador de servicios de telecomunicaciones (internet, TV digital y telefonía), y no estar limitados a contar sólo con servicios de un único proveedor. Esto es posible con la entrada en vigencia del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (Ritel).
Este reglamento, expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), rige para las nuevas edificaciones que estén bajo el régimen de propiedad horizontal y que soliciten licencias de construcción como obra nueva a partir de la entrada en vigencia del reglamento. Para los inmuebles ya construidos, la aplicación del Ritel es de carácter voluntario y será la comunidad de propietarios, bajo las reglas previstas en la Ley 675 de 2001, la que decidirá su implementación.
Dentro del Ritel se contempla que las principales obligaciones asociadas al mismo recaerán sobre los constructores de las edificaciones. Estos últimos tendrán la responsabilidad de diseñar, suministrar, construir, instalar y dejar habilitada la red interna de telecomunicaciones del inmueble, disponiendo tanto del cableado como de los espacios y ductos necesarios para desplegar dicha red, la cual corresponde a un bien de la copropiedad y no pertenecerá a ningún operador en particular.
Preocupación
Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) manifestaron que con la entrada en vigencia del Ritel surgen también nuevas responsabilidades económicas y operativas, trámites e ineficiencias tecnológicas para los constructores, los operadores, las copropiedades y los ciudadanos.
“Uno de los principales elementos es que exige que todas las unidades habitacionales que se construyan en el país bajo el régimen de propiedad horizontal, incorporen a partir de ahora una infraestructura compleja y sobredimensionada. Esta situación genera un costo adicional que oscila entre $ 1,9 millones y $ 2,8 millones por vivienda, sin contar con el valor de las certificaciones en productos y redes y el de los trámites adicionales con los operadores del servicio”, explicaron desde el gremio constructor.
En términos de la política de vivienda que se lleva a cabo, el cumplimiento del Ritel supondría un sobrecosto de $ 1 billón en la meta de construir 400.000 unidades habitacionales de carácter social en el próximo cuatrienio. Se advierte que en el caso de vivienda diferente a la social, necesariamente esto se verá reflejado en el precio final de la misma.
Otra de las preocupaciones que surgen frente al Ritel gira en torno al mantenimiento de las redes, que por idoneidad y competencia está a cargo de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, sin generar costos adicionales para los usuarios.
“Esto ha permitido garantizar la calidad y disponibilidad de los servicios. Esta responsabilidad queda en manos de los constructores durante un lapso de seis meses después de haber entregado la vivienda, y posteriormente de la copropiedad, que deberá solicitar el servicio y asumir el costo”, indicaron desde el gremio de los constructores.
Dato
Según Camacol, el reglamento también desestimula la producción de vivienda social y pone en alto riesgo la Vivienda de Interés Prioritario en el país.
Juan M. Toro M.