En el último año se han identificado seis casos en los cuales los implicados permanecen más de un semestre en sus cargos, sin que los entes de control interno u otras dependencias administrativas detecten la problemática.
Gerardo Bernal, presidente del Colegio de Abogados de Risaralda y especialista en Derecho Administrativo, en entrevista con El Diario del Otún, aseguró que este delito es excarcelable teniendo en cuenta que la pena mínima no excede los cuatro años de prisión, pero es una muestra clara de que las dependencias de contratación de la Alcaldía y la Gobernación no están obrando con eficacia y agilidad.
El mandatario pereirano, Enrique Vásquez Zuleta, señaló que han sido engañados por creer en la buena fe de las personas que se presentan ante la administración municipal, y de manera perentoria le pidió a la Asesoría de Control Interno revisar cada una de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Pereira.
El alcalde manifestó que teniendo en cuenta los últimos sucesos, se hará una inspección más rigurosa de los documentos de los funcionarios, pero mencionó que algunos han sido investigados por rumores de falsedad y han podido comprobar la idoneidad legal de sus títulos.
Revisión
El abogado Bernal señaló, por su parte, que las administraciones deben partir de la buena fe de laspersonas cuando presentan los documentos en el tema de contratación, pero inmediatamente se dé el nombramiento se debe hacer una inspección exhaustiva de los documentos presentados, y en caso de identificarse la ilegalidad de los mismos se está en la obligación de compulsar copias a la Fiscalía y la Procuraduría para las respectivas investigaciones.
La primera de ellas deberá analizar el delito que se cometió y la pena que acarrea el ilícito, mientras la segunda observa las fallas disciplinarias y el tiempo de inhabilidad que se impondrá para ocupar cargos públicos.
Aunque este delito es excarcelable, personas consultadas por esta casa editorial señalaron que debería aumentarse la pena porque un puesto en el sector público es una responsabilidad que no se puede dejar sin un castigo intramural.
La falta de ética de algunas personas que buscan lucrarse a costa de cualquier medio es 'recompensada' por la falta de dureza en la ley que no obliga ni a devolver los dineros devengados en el puesto al que se accedió con documentos falsos.
Qué dice la ley
El que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de tres a seis años. Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de cuatro a ocho años, además de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco a diez años.
El dato
El caso reciente de presentación de documentos falsos para un cargo público es el del exgerente de la Empresa de Aseo, César Mejía.
