La difícil situación financiera que vive el departamento, el incumplimiento de la Ley 617 y las irregularidades presentadas en el manejo fiscal de Risaralda, son algunas de las razones que obligan al ente territorial a tomar la medida de suspender el pago de los intereses de las deudas que se realizaron en los años 2009, 2010 y 2011.
La medida que busca ser concertada con las entidades bancarias para evitar que el departamento se declare en Ley de Insolvencia, fue socializada ayer por el mandatario departamental Carlos Alberto Botero López, y un delegado del Ministerio de Hacienda, a los bancos.
“Risaralda tiene una deuda supremamente alta y por temas de organismos de control nos toca tomar decisiones para mejorar las condiciones financieras del departamento, por lo que con la asesoría del Ministerio de Hacienda hemos evaluado la situación y planteamos el cese del pago de intereses sobre las deudas que se realizaron en las vigencias 2009, 2010 y 2011”, señaló Botero López.
Incumplimiento
Según el Gobernador la administración pasada no cumplió con la Ley 617 y como lo señala el artículo 21 de la Ley 819, "los créditos concedidos que infrinjan esta norma no tendrán validez y las entidades territoriales beneficiarias procederán a su cancelación mediante devolución del capital, quedando prohibido el pago de intereses y demás cargos financieros al acreedor".
“Lo que hicimos es que informamos a los bancos la normatividad y les explicamos la situación, les dijimos que si el departamento no tiene capacidad de invertir, no habrá desarrollo social, lo que a la larga termina perjudicándolos”, puntualizó el mandatario departamental.
El monto de los intereses que dejaría de pagar la Gobernación, pertenecientes a las deudas 2009, 2010 y 2011 podrían alcanzar los 38.000 millones de pesos.
Hallazgo
Igualmente el mandatario confesó que a la hora de evaluar y analizar las deudas del departamento se encontró que unas vigencias futuras que fueron aprobadas a la Promotora de Vivienda, se emplearon como un crédito, por lo que agrava el panorama financiero de Risaralda.
El hallazgo que también fue realizado por la Contraloría, que ha acompañado todo el proceso y deberá ser investigado por el ente de control.
“Presentaremos una iniciativa para modificar esta ordenanza, pues se utilizó mal la figura de vigencias futuras”, aclaró el funcionario, quien agregó que presentará a la Superintendencia la medida y la situación por la que atraviesa el departamento.
Balance
A diciembre del 2011 la deuda del departamento llegó a 55.879 millones de pesos, sumado a unos compromisos por vigencias futuras que alcanzan los 91.395 millones de pesos, explicó Diego Velásquez Gutiérrez, secretario de Hacienda departamental, quien indicó que este nivel de endeudamiento obliga al departamento a una alta restricción presupuestal que sacrificará las inversiones del cuatrienio.
“Para el año 2013 tenemos presupuestado destinar 17.000 millones de pesos solo para servicio de deuda, por lo que haremos un gran esfuerzo por mejorar los ingresos de libre destinación que se obtienen a través del recaudo para poder cumplir con los gastos de funcionamiento”, dijo Velásquez Gutiérrez.
Inversiones
Por su parte, serán las inversiones en el departamento las que llevarán la peor tajada en la repartición del presupuesto, pues de asumir los compromisos que tiene la Gobernación, los recursos destinados para cumplir con el Plan de Desarrollo serían muy ajustados.
Cabe resaltar que al primer semestre del año la Secretaría de Hacienda logró recaudar 43.358 millones de pesos, lo que comparado con el año anterior mostró un incremento del 12,64 % .
Asimismo para la presente vigencia, el despacho departamental presupuestó 14.100 millones de pesos para servicio de deuda, de los cuales 8200 millones de pesos son para amortización y 5900 millones para intereses.
Ley de Insolvencia
De los bancos no concertar con la Gobernación de Risaralda el no pago de los intereses de las deudas de las vigencias 2009,2010 y 2011, el departamento se vería abocado a solicitar al Ministerio de Hacienda la promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999, siguiendo el ejemplo de las gobernaciones del Valle del Cauca y Caldas.
La Ley 550 de 1999 o La Ley de Insolvencia fue concebida como un mecanismo transitorio para atender una situación coyuntural de crisis económica generalizada, que lleva a la adopción de medidas de intervención económica, otorga una mayor protección a los deudores, en detrimento de los acreedores y perjuicio de la expansión del crédito.
