Vómito, materia fecal, bolsas con drogas y jeringas usadas, son tan solo algunos de los elementos que amanecen en las fachadas de las casas en el sector de El Lago, desde la calle 23 hasta la calle 26 entre carreras 7a. y 5a.
Esta es una lucha que lleva cerca de 6 años cuando había un solo establecimiento comercial que vendía licor en la zona, hoy hay más de 20. "Hemos sufrido la falta de atención de los exalcaldes Juan Manuel Arango, Israel Londoño y ahora de esta Alcaldía", dijo uno de los vecinos del sector.
"Tenemos carpetas llenas de documentos donde nos hablan de ampliación de términos, de procesos legales y ya no tenemos más paciencia, estamos decididos a pedir soluciones inmediatas o utilizáremos las vías de hecho", señaló la ciudadanía.
Peticiones
Patrullaje, la instalación de cámaras y un control constante piden los residentes de la zona, "pero la Policía no hace nada, hay una ineficiencia total de sus funcionarios, a la última reunión no vino el secretario de Gobierno, solo asistió el Personero municipal y el Defensor del Pueblo", comunicaron los denunciantes.
Los vecinos aseguran que los cuadrantes de seguridad que estableció la Policía Metropolitana son tan ineficientes como la Alcaldía al actuar sobre este problema que aqueja a los residentes de la zona "llamamos al teléfono del cuadrante y a veces contestan las mujeres de los Policías, ellos no van, y después de las tres o cuatro de la mañana me han llegado a decir que no los moleste más".
Los ciudadanos aseguran que en la madrugada, el centro es un caos completo, se forman peleas entre personas y entre sus perros de razas pitbull y rottweiler quienes transitan por la calle sin bozal. "Es una selva, tal vez la nueva calle del cartucho aquí en Pereira".
"Nos quieren meter el cuento de que es una zona comercial de usos múltiples, pero la zona tiene vocación residencial porque están tumbando las casas antiguas de bahareque para construir edificios con apartamentos", señaló uno de los afectados.
Sin autoridad
"Le hacen falta pantalones a la administración para cerrar esos establecimientos", señaló el Personero Municipal Néstor Javier Arango Arias
La Personería aseguró que se han identificado establecimientos que no deberían estar funcionando pues no cumplen con la ley del uso del suelo, "esta situación ya está comprobada por las curadurías urbanas y el municipio y las autoridades no los cierran. No se entiende porque la gente tiene que soportar esto".
De una lista de 10 bares y discotecas del sector, 5 no pueden funcionar por incumplir el acuerdo que reglamenta el uso del suelo, "sin embargo están abiertos. ¿Cómo le van a dar plazo a una persona para que se acondicione al uso del suelo si la única manera de hacerlo es trasladándose?, dijo el Personero.
Aclaró que desde 1995 el Congreso de la República aprobó una ley que le quitó a las administraciones municipales la facultad de expedir permisos para la apertura de establecimientos públicos, lo que permite que cualquier persona abra un local sin necesidad de permisos o licencias que están prohibidas. Una vez se encuentre en funcionamiento debe verificarse si cumple con el uso del suelo.
Agregó que el centro ha sido por tradición una zona residencial y este tipo de manejos va eliminando las bondades de este sector de Pereira. "La Personería quiere que las autoridades cumplan con sus obligaciones legales y nosotros esperamos no tener que llegar a sancionar a los funcionarios que se niegan por una u otra razón para seguir la ley".
Arango Arias resaltó que en la administración actual se debe destacar que al menos se está escuchando a la comunidad pero eso no debe quedar como si nada, el objetivo es que se adopten las respectivas sanciones y cierren definitivamente estos establecimientos "pues las perturbaciones del sueño generan enfermedades de salud mental".
Por su parte, el director operativo de espacio Público informó que iniciarán un proceso de cierre de establecimientos teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial, "no podemos dejar que sigan instalando negocios que no cumplan con el uso del suelo".
En los primeros días del uso del sonómetro se evaluaron 12 establecimientos. La mitad de ellos violan la ley de decibeles.
