Desde hace algunos días están sentados a la mesa gobierno, trabajadores y empresarios para conversar y tratar de concertar sus intereses en torno al que debe ser el nuevo Salario Mínimo Legal que devenguen, a partir del próximo primero de enero, cerca de cuatro millones y medio de colombianos y colombianas.
Este ejercicio no ha sido fácil y, por supuesto, tampoco lo es este año, aunque hay que decir que hoy luego de dos rondas la distancia entre las partes es de apenas 17.407 pesos. Las posiciones encontradas, fruto de sus naturales aspiraciones y de la actual coyuntura económica que ha vivido el país, han hecho que en los últimos años la esperanza de lograr una concertación y que la fijación del salario mínimo sea por consenso, se haya diluido y terminado siendo una decisión unilateral del Gobierno.
Esta vez, aunque el ejecutivo no ha dicho nada y solo el Banco de la República ha pedido prudencia y un ajuste cercano a la meta de inflación esperada para el 2012 del 3,5 %, ya las centrales obreras y los empresarios han establecido sus diferencias. Mientras las primeras han dicho que el incremento salarial debe ser del 8 %, producto de la inflación causada durante este año, más unos puntos adicionales por la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero, los segundos sostienen que no debe superar el 4,75 % correspondientes a un IPC para este año del 3,75 % más un punto por productividad.
Buscar un punto que concilie las justas aspiraciones de los millones de trabajadores que esperan una alza razonable en su salario, con las posibilidades de un inmenso número de empresas que han venido sufriendo los rigores de fenómenos como la desaceleración económica y el invierno, y que hacen esfuerzos por mantener los mismos niveles de empleo, será la responsabilidad del Gobierno.
El país está todavía en un momento que exige un trato especial de parte de todos los colombianos, llámense trabajadores, empleadores, Gobierno y empresas. Solamente con la comprensión y colaboración de todos ellos se va poder sortear el complejo instante y mantener a flote la seguridad, la generación de empleo y, claro, la confianza en las instituciones.
Por eso, lo que ahora se pide, quizás sacrificando algo de lo que todos tienen derecho, es comprensión a las organizaciones sindicales y a los dirigentes empresariales, y sensatez y justicia al Gobierno, para que entre todos se logre ese justo punto medio que satisfaga por igual, así sea parcialmente, las aspiraciones de los trabajadores y las posibilidades de los empresarios, sin poner en riesgo obviamente las proyecciones económicas del Banco de la República.
