Aunque los líderes de la marcha aseguran que hubo sabotaje por parte de algunos desconocidos para que no se llevara a cabo la marcha, se logró una buena asistencia por parte de toda la comunidad estudiantil.
Esta marcha pacífica convocada a nivel nacional, por la Federación Colombiana de Educadores, Fecode y el Sindicato de Educadores de Risaralda, SER, logró en el departamento de Risaralda reunir a más de 2 mil personas entre estudiantes de colegios, jóvenes universitarios, docentes y padres de familia.
Además se contó con la participación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y las delegaciones de los departamentos de Caldas y de Quindío.
En esta jornada se pretendió mostrar al Gobierno nacional el desacuerdo que estos sectores tienen con respecto al Plan Nacional de Desarrollo que viene adelantando el presidente Juan Manuel Santos, y que consiste, según María Eugenia Londoño Ocampo, presidenta del SER, en la privatización de la salud pública y la educación en su totalidad y que la docente argumenta en tres sentidos.
Problemáticas
El primer argumento es la posible entrega de los grados transitorios y preescolar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; segundo la entrega en concesión a operadores privados de la educación primaria y secundaria que en el caso de Risaralda se ve reflejado en los colegios de Tokio, Málaga y Samaria.
Y en cuanto a las universidades en la educación superior asegura que se está inventando una reforma a la Ley 30 de 1992 para aplacar así a los estudiantes que se encuentran inconformes con el régimen de educación actual.
La sindicalista asegura que lo que busca el gobierno es acabar con el régimen especial de salud que por más de 50 años de lucha han ganado los educadores en el país. Y que además el gobierno pretende hacer que las EPS se encarguen de la salud de los profesores.
Según Londoño Ocampo las EPS no están capacitadas ni facultadas por la ley para radicar la pensión por invalidez para el magisterio, ni mucho menos son aptos para trabajar el tema de riesgos profesionales, teniendo en cuenta la labor de los docentes.
DenunciaLa docente denunció a este medio la aparente represión del gobierno municipal de Pereira frente a esta protesta pacífica, y lo enumeró de la siguiente forma: "primero porque el Secretario de Gobierno nos castró la posibilidad de congregarnos inicialmente en la Plaza de Bolívar, por lo que los convocados a la marcha tuvieron que cambiar su punto de encuentro y llegar a finalizar la jornada en un lugar diferente que en este caso fue la plaza Cívica Ciudad Victoria".
Saboteo
No obstante señala que fueron víctimas de un saboteo con el servicio eléctrico, que no les permitió en un principio empezar su discurso.
De otra parte denunció que la Secretaría de Educación de Pereira amenazó con descontarles el salario a todos los docentes que se hicieran presentes en la marcha.
"Esto es una falta de respeto para los sindicatos que dicen que a nivel internacional se respeta la labor sindical. Además se hizo un llamado por los 18 docentes asesinados en el país en lo que va corrido del año, pues aquí se está asesinando al que hace una protesta social", aseguró Londoño.
Respeto
Exigen el respeto por el régimen especial de salud y la defensa de la educación pública estatal, pues la Ministra de Educación planteó que de un millón 200 mil estudiantes que existían en los megacolegios el año anterior, va a llevar 5 millones de estudiantes y que de 84 megacolegios con operadores privados que existen en el país los va a doblar, lo que según la docente significa que la privatización no va a parar y que son los padres de familia los que en últimas tendrán que financiar la educación de sus hijos de donde no tienen por la situación de desempleo por la que se está atravesando.
La CUT
Por otra parte José Alberis Arcila López, representante de la CUT y del Sindicato de Trabajadores, se mostró complacido por la alta participación que se obtuvo durante la jornada que empezó a las 9 :00 a. m y que culminó pacíficamente a las 12: 00 m. en la plazoleta Ciudad Victoria.
De igual forma asegura que el Gobierno lo que busca con la inclusión de los docentes en la Ley 100 es solucionar el problema financiero de las EPS.
Se espera con esta protesta que se respete el régimen de salud que vienen teniendo los docentes desde hace más de 50 años.
"Con este llamado de atención a nivel nacional se espera consolidar el sistema de salud de los docentes", añadió.
