En Risaralda, 30 personas de entidades privadas hacen parte de las 27.180 jurados en el país que dejaron de prestar su servicio durante las elecciones de 2010, por lo que la Registraduría Nacional adelanta procesos de cobro.
Después de los tres eventos electorales realizados el año pasado, a través de la Coordinación de Cobros Coactivos de la Oficina Jurídica, la Registraduría adelanta gestiones en contra de los ciudadanos que fueron designados como jurados de votación y que no asistieron a cumplir con este deber legal de forzosa aceptación.
Roberto Millán, registrador departamental, señaló que el reporte de inasistencia de jurados que son funcionarios públicos se envían a las oficinas control interno de cada entidad, y allí se inician los procesos disciplinarios.
En cuanto a los ciudadanos particulares o conocidos como “privados”, se les impone una multa, y el registrador destacó que 30 ciudadanos es una cifra baja.
“A los que se les impuso la multa se les adelanta un cobro coactivo que puede implicar embargo de bienes, por lo que es de obligatorio cumplimiento”, dijo Millán.
Sanciones
La revisión de las resoluciones de sanción implica analizar cada caso particular a fin de ofrecer todas las garantías procesales y recaudar el valor de la sanción que fue impuesta por los Registradores Distritales, Especiales y Municipales, facultados para imponer las respectivas multas a los ciudadanos que no prestaron su servicio de jurados sin justa causa.
Si los jurados sancionados que desatiendan el cobro persuasivo, la Coordinación de Cobros Coactivos de la Registraduría Nacional impondrá hasta medidas cautelares, como el embargo o el secuestro de bienes, a fin de lograr el efectivo recaudo de las multas, que pueden llegar hasta a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Aunque actualmente se revisa la situación de 27.180 jurados en el país que no asistieron el día de las elecciones, el número de posibles sancionados puede aumentar, debido a que a la fecha aún se están consolidando la información de todas las Registradurías Municipales y Especiales, la cual debe ser remitida a la Coordinación de Cobros Coactivos para la revisión de cada caso en particular.
La Registraduría Nacional del Estado Civil conoce únicamente de las sanciones a los ciudadanos particulares que no prestaron su servicio de jurados, ya que los servidores públicos que no asistieron a cumplir su función como jurados el día de la elección son sujetos a proceso disciplinario en su respectiva Entidad y pueden ser sancionados con la destitución de su cargo.
Durante el año 2010 la Registraduría recaudó por concepto de procesos de cobros coactivos en contra de jurados de votación un total de $188.773.155, cifra que prácticamente triplica el recaudo logrado por dicho concepto en el año 2009, año en el que ingresaron $65.597.257 al Fondo Rotatorio de la Registraduría. En lo corrido de 2011 la Entidad ya ha logrado el recaudo de $23.458.896.
Para las elecciones de Congreso y Presidencia, la Registraduría convocó a 719.092 ciudadanos entre los 18 y los 60 años de edad para prestar su servicio como jurados. En las elecciones del 14 de marzo participaron 500.000 jurados y el mismo número concurrió a las elecciones presidenciales, de los cuales 219.092 no habían prestado el servicio en las elecciones de Congreso.
Jurados
Según el Artículo 105 del Código Electoral “el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación”. El incumplimiento de las obligaciones le puede acarrear a los ciudadanos designados, sanciones de hasta 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos tanto a los servidores del Estado como a los particulares que al ser jurados asumen funciones públicas transitorias.
Las causales de exoneración para prestar el servicio de jurados son taxativas y están contempladas en el artículo 108 del Código Electoral.
